Las nuevas legislaciones sobre transparencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas han creado la necesidad en las empresas de una figura que gestione los riesgos de esta de acuerdo a las leyes vigentes.

Cuando hablamos de un compliance officer hablamos de la figura que se encarga de gestionar los riesgos de la empresa. Debe ser una persona cuyos valores profesionales sean el compromiso, la integridad, el liderazgo la habilidad para insistir y convencer sobre la aceptación de sus recomendaciones, comunicación efectiva, conocimiento profundo y disponer de acceso a expertos en materia de cumplimientos normativos.

Desde la crisis financiera de principios del 2000, la exigencia un buen mando en las empresas se ha ido reforzando con distintas leyes como MiFID, adoptada en España en 2007, que promovía la necesidad de mejorar en transparencia y protección del inversor financiero, y posteriormente con la Ley de Reforma del Código Penal, que entró en vigor en 2015 para consolidar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, las empresas han conocido la necesidad de contar con un compliance en su plantilla.

Por lo tanto, la tarea del compliance en una empresa es la preservar el cumplimiento normativo, las leyes, las regulaciones, reglas y políticas que le afectan para vigilar de manera continua el clima legal y regulatorio que se encuentra en cambio constante. Las funciones del compliance van más allá del ámbito legal, también afectan al ámbito ético y de integridad corporativa.

Según ASCOM, la Asociación Española de Compliance, esta figura “es una parte esencial de la cultura que deben adoptar todas las organizaciones como parte de un compromiso ético y responsable y como una forma de generar un valor seguro para sus propios grupos de interés, como clientes, accionistas, empleados y otros”. El factor ético es un elemento relevante porque dota a las organizaciones de una base que ayuda a crear una cultura de cumplimiento, prevenir, detectar y reaccionar antes de que se puedan producir actuaciones irregulares, fraudes y otros actos contrarios a la legislación a la ética empresarial y social.

FUENTE: CAROLINA G. NOMBELA