Políticos, famosos y ciudadanos anónimos contratan a empresas para ocultar datos personales o informaciones negativas que aparecen en los buscadores y que pueden dañar su imagen.

Un alto ejecutivo de una multinacional española recibió, hace algún tiempo, una elevada indemnización por su jubilación y venta de acciones, hecho que quedó recogido en varios artículos de prensa que aparecían de forma destacada cada vez que se tecleaba su nombre en los buscadores de Internet, principalmente Google. El directivo consideraba que esto atentaba contra su privacidad y, además, podía convertirle en objeto de robos o extorsiones y poner en peligro a su familia, por lo que decidió contratar los servicios de una empresa especializada en borrar datos de la Red. Al cabo de unos meses, al teclear otra vez su nombre en Google, ya no quedaba rastro de aquella noticia.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó, en respuesta a una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional, que los buscadores como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si son lesivas para alguna persona y no son relevantes. Es decir, reconoce que el llamado derecho al olvido puede prevalecer sobre el derecho a la información. El buscador ya ha anunciado que pronto tendrá lista una herramienta para que los europeos pidan la eliminación de esos enlaces, pero hay empresas que ofrecen desde hace años este servicio. Y no solo a particulares cuyos datos no son de interés público, sino también a figuras de relevancia como políticos, famosos o empresarios. Lo hacen pidiendo la supresión del enlace a la fuente original —ya sea un medio de comunicación, un blog, un foro o un documento oficial como el BOE— o introduciendo informaciones positivas que vayan sustituyendo a las que se consideren negativas.

Cualquier ciudadano, no solo políticos o famosos, puede verse perseguido eternamente por informaciones negativas sobre su persona que en algún momento fueron relevantes y legítimas pero han quedado obsoletas.

Por ejemplo, el de un hombre que fue detenido por una presunta vinculación con una organización criminal rusa. Decenas de noticias sobre su arresto aparecieron en la prensa, con sus enlaces en Internet, pero ninguna posterior que aclarara que el delito nunca pudo ser probado. Otro, un sacerdote director de un colegio, fue acusado falsamente de corrupción de menores y, aunque su causa fue archivada, seguía apareciendo en la Red como pedófilo.

En casos como este los medios suelen colaborar. No borran ni modifican informaciones que forman parte de sus archivos, lógicamente.

Pero no siempre las fuentes originales ceden de forma amistosa. Esos son los casos que acaban en la Agencia de Protección de Datos o en los tribunales, como los 220 que hay pendientes en la Audiencia Nacional contra Google y que han forzado el dictamen del TJUE.

No obstante, algunas situaciones requieren un tratamiento especial en el que no funcionan ni los requerimientos amistosos ni las citaciones judiciales. Hay personas que publican datos, fotos comprometidas o informaciones falsas de exparejas o de otras personas por venganza. En esos casos, cualquier petición puede ser contraproducente (el llamado efecto Streisand).

DERECHO AL OLVIDO TRAS LA MUERTE

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación publicó hace dos años un estudio que reflejaba la creciente preocupación de los ciudadanos por la privacidad en Internet. Cuatro de cada 10 internautas españoles declararon haber solicitado que borraran o cancelaran sus datos personales de algún registro o plataforma. Entre los usuarios de redes sociales, el 42,5% afirmó que le resultaba difícil gestionar la privacidad en su perfil, e incluso un 7,2% reconoció que le había resultado imposible hacerlo en alguna ocasión. La mayoría (84,4%) opinó que toda persona tiene derecho a poder eliminar su rastro en Internet, y solo el 6,7% piensa que el derecho al olvido es una forma de censura y cree que el derecho a la información debe primar sobre el derecho a la protección de datos.

Otra inquietud aumenta entre los internautas: ¿qué ocurre con toda la información que queda en la red sobre una persona cuando muere? No es agradable que cada vez que tecleas el nombre de un ser querido en Google aparezca una multa de tráfico, la foto de su orla o comentarios desagradables en blogs o redes sociales. Se calcula que unos 30 millones de perfiles de Facebook pertenecen a personas fallecidas en todo el mundo.

Fuente: Diario El País